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Hidrovía: mientras avanza la investigación por tráfico de influencias, el gobierno adjudicó un contrato

Mientras la justicia investiga el proceso de licitación para el dragado, balizamiento y cobro de peaje en la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, el Gobierno adjudicó uno de los principales contratos y trabaja en una nueva licitación para el dragado bajo las sugerencias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que había denunciado “diversas y graves irregularidades” en el primer concurso. La semana próxima vencen los plazos, pero no descartan prorrogarlos.

La Hidrovía es la principal vía de salida de los granos y derivados que exporta la Argentina. Circula por ahí el 80% de las exportaciones agropecuarias. El mantenimiento de esa vía es vital para ese comercio y representa una recaudación anual de unos 200 millones de dólares para el Estado.

Además de los granos, harinas y aceites, por allí se comercializa el 91% de contenedores y el 99% de la carga automotriz que constituyen el comercio exterior del país. También es la vía de ingreso del 60% de los buques que traen el Gas Natural Liquido importado, en medio de la crisis energética.

La primera licitación internacional por la Hidrovía, que se dejó sin efecto a comienzos de este año, es la principal y corresponde al dragado de los ríos De la Plata y Paraná, para que esa vía sea navegable por los grandes barcos. No hay en el país empresas que por sí solas puedan realizar este tipo de tareas. El Gobierno maneja ahora allí una importante caja correspondiente a los peajes a través de la Administración General de Puertos, luego de que finalizara el contrato con el operador holandés Jan de Nul y la argentina EMEPA.

Mientras tanto, esta semana el Gobierno adjudicó el servicio de “Mantenimiento de boyas, balizas y spars” a EMEPA, que había presentado una oferta de 13.522.671 dólares, a la que por ítems eventuales se sumarían otros 3.569.839 dólares.

Respecto del dragado, fuentes oficiales señalaron que se “ultiman detalles de la nueva licitación. En paralelo, la empresa contratada por la AGP para el servicio continúa con las tareas exigidas en el pliego de concesión; garantizando el cumplimiento de las tareas de dragado de mantenimiento”, informaron.

Ese proceso licitatorio, que ya había tenido un dictamen técnico y luego fue suspendido, está envuelto en sospechas, denuncias y permanece bajo investigación judicial.

La PIA, que dirige el fiscal general Sergio Rodríguez y controla todos los actos administrativos, realizó un análisis de oficio y en carácter preliminar, que detectó “diversas y graves irregularidades en el desarrollo del proceso licitatorio”. El dictamen sostiene: “el análisis se efectúa teniendo en consideración la envergadura de la contratación, la relevancia institucional y económica sobre la actividad y el exiguo plazo entre el dictado de la Resolución que dejó sin efecto el procedimiento de Licitación Pública y el establecido para convocar a un nuevo llamado”.

Los motivos que esgrimió la Administración de Puertos para  suspender el proceso y lanzar otro, se fundan principalmente en la necesidad de “asegurar la mayor cantidad de oferentes posibles, ya que habría quedado únicamente una oferta en pie en el primigenio intento de contratación”.

La PIA, sin embargo, indicó que “pueden destacarse asimetrías en la valoración de la documentación presentada por los oferentes, falta de precisión a la hora de estimar el costo total de la obra, carencia de parámetros objetivos de calificación y evaluación, entre otros”.

Así lo planteo en el dictamen: “irregularidades que han sido advertidas en el expediente administrativo por el que se llevó a cabo el procedimiento de la Licitación, que abarcan etapas iniciales del procedimiento, como la confección de los correspondientes pliegos de bases y condiciones, pero también posteriores, como los sistemas utilizados para calificar oferentes y sus respectivas ofertas, sin entrar a considerar ni analizar, en esta instancia, las ofertas presentadas ni sentar postura respecto de las impugnaciones formuladas, salvo aclaraciones puntuales”.

Más allá que la licitación fue dejada sin efecto por la propia administración, la PIA también realizó consideraciones sobre este acto administrativo que calificó de “irregular por vicios en la causa, motivación y finalidad”.

Como resultado de esta investigación preliminar, se efectuaron una serie de recomendaciones para la AGPSE en vista del nuevo proceso de selección impulsado “desde esa oficina estatal tras darse de baja la analizada. Incluyó además, la necesidad de abrir el proceso licitatorio al control y la participación ciudadana y de ONGs especializadas a fin de dotar de mayor transparencia el proceso de contratación”.

En este sentido, indicaron fuentes oficiales a Clarín, ahora se están teniendo en cuenta las recomendaciones de la PIA: “si bien los plazos para la nueva licitación vencen la semana próxima, es prorrogable porque entendemos que hay que tener en cuenta las sugerencias planteadas”, explicaron. 

Por ejemplo, desde la Procuraduría se recomendó que se “evalúen las capacidades e idoneidades funcionales de las personas que han intervenido en el proceso de licitación investigado, como así también al Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable en virtud del próximo llamado a licitación de esa hidrovía por un plazo extendido”.

En tanto, en Comodoro Py avanza otra investigación penal, por supuesto tráfico de influencias incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de quienes intervinieron en la licitación suspendida, ante la sospecha y algunos indicios de que podrían haber tratado de beneficiar al consorcio chino CCCC, descartado luego del análisis técnico de las ofertas.

El fiscal Guillermo Marijuan comenzó a analizar la documentación remitida por varias empresas participantes de la licitación, tras una serie de procedimientos realizados la semana pasada. 

Los diputados Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro aportaron nuevos datos a la denuncia formulada una semana antes por Zuvic.

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