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Corredor del Beagle: Revocan por “ilegitimidad” contratación directa

La decisión dejó sin efecto la contratación de la empresa Estudios y Servicios Ambientales encargada de realizar tareas de rescate y monitoreo arqueológico y del programa de mitigación del impacto patrimonio arqueológico de la obra vial corredor costero Canal Beagle. Además dispuso el pago de casi 5 millones de pesos a favor de la empresa.

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nvocando “razones de ilegitimidad”, el Poder Ejecutivo dispuso revocar la contratación directa de la empresa Estudios y Servicios Ambientales realizada el 29 de noviembre de 2019 por la gestión gubernamental de Rosana Bertone por casi 10 millones de pesos, con el objeto de dar continuidad al programa de mitigación del impacto sobre el patrimonio arqueológico generado por la obra vial “corredor costero canal Beagle”.

Según se desprende de decreto 2273, del pasado 1 de noviembre, la determinación fue adoptada luego de que el Superior Tribunal de Justicia resolviera favorablemente el amparo por mora presentado por la empresa y requiriera al Gobernador a que “en el plazo de 10 días haga efectivo el trámite a resolver en forma expresa el pedido de pronto despacho formulados en noviembre de 2020 y junio de 2021 con respecto al contrato aprobado por decreto provincial 4006/19, apercibiéndolo de las consecuencias de la desobediencia”. Ante ello, el Gobierno declaró la nulidad del contrato y aprobó el pago de 4,9 millones de pesos a favor de la empresa por el servicio de consultoría plasmado en el “I informe de avance Proyecto Corredor Costero Canal Beagle, programa de mitigación del impacto sobre el patrimonio arqueológico y plan de gestión cultural y arqueológico”.

En el referido decreto se precisa que el 28 de octubre de 2019 el ministerio de Obras Públicas autorizó la el llamado a contratación directa “por urgencia” para realizar “las tareas de rescate y monitoreo arqueológico y el programa de mitigación del impacto patrimonio arqueológico de la obra vial corredor costero Canal Beagle” que debía concretare en un plazo de 60 días corridos. El 8 de noviembre se rectificó el referido llamado a para encuadrar legalmente el llamado como una “contratación directa por excepción de urgencia”. La adjudicación de la contratación a favor de la referida empresa se efectivizó el 29 de noviembre, pero el contrato de consultoría de obra había sido firmado el 22 de noviembre, una semana antes, y con efecto retroactivo al 1 de octubre.

Recuerda que esta divergencia temporal fue objetada por el servicio jurídico del propio ministerio de Obras Públicas, que señaló que “se observa, con carácter insalvable, que el contrato fue firmado suscripto el 22 de noviembre”, que la “aprobación del procedimiento de contratación el 29 de noviembre, ambas fechas posteriores al inicio de la prestación del servicio, cuya facturación corresponde a octubre de 2019”. En ese marco sostuvo que la doctrina en la materia señala que “la ausencia de procedimientos o actuaciones por la que se acredite y justifique la realización de una contratación o la realización de gastos que no tienen respaldo documental, su confección ex post o la circunstancia de que el vínculo obligacional surja desde su origen de un mero acuerdo verbal importa un grave vicio administrativo de contratación, que afecta su validez y eficacia”, por lo que recomendó que el contrato en cuestión fuera revocado por razones de ilegitimidad”.

Más allá de “los graves vicios” administrativas que existieron en torno a esta contratación, el Tribunal de Cuentas se expidió favorablemente respecto de la cancelación de las facturas presentadas por la empresa “en base a la figura del enriquecimiento sin causa a favor del Estado, siempre que se hubiera verificado la efectiva prestación del servicio, aun cuando no hubiere contrato vigente”.

Esta opinión fue compartida por el servicio jurídico del ministerio de Obras Públicas, que en un dictamen emitido este año sostuvo que si bien el contrato resultaba “nulo de toda nulidad” por las irregularidades administrativas detectadas en el proceso de contratación “al haber recibido la Administración un servicio útil sin contraprestación alguna”, el no pago del trabajo realizado “había configurado un enriquecimiento sin causa por parte del estado a costa de la firma Estudios y Servicios Ambientales SRL”.

La obra vial Corredor Costero Canal Beagle fue uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la anterior gestión gubernamental. En mayo de 2018 se había firmado el contrato con la empresa Felipe Gancedo para construir en 24 meses los 132 kilómetros de la ruta que unirá Ushuaia con Cabo San Pío, sobre la costa del Canal Beagle, que demandaría una inversión inicial estimada en 1.720 millones de pesos. Los trabajos se habían divido en tres tramos; el primero desde Playa Larga hasta Almanza, el segundo de Almanza hasta Moat y el tercero desde Moat a Cabo San Pío.

Pese a los múltiples cuestionamientos que recibió el proyecto por su negativo impacto ambiental y arqueológico, en enero de 2019 el Gobierno autorizó el inicio de la construcción de la apertura de traza, mejoramiento y construcción de las obras básicas, calzada enripiada y obras de arte del tramo I, sección II (Baliza Escarpados – Intersección ruta J) y tramo II (Intersección ruta complementaria J hasta estancia Moat), ya que esos eran por ese entonces los sectores del proyecto vial que habían recibido el visto bueno de la Secretaría de Ambiente Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en lo referente a la guía de aviso de proyecto y el estudio de impacto ambiental.

Tras la asunción de Gustavo Melella en la Gobernación, los trabajos fueron paralizados. En marzo del año pasado la ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gabriela Castillo, confirmó la decisión de reformular el proyecto en cuanto a su extensión y la traza de la ruta, para avanzar únicamente con el tramo comprendido entre Ushuaia y Almanza y que la traza no vaya exclusivamente por la costa para mantener “el equilibrio con el ambiente y el resguardo del patrimonio arqueológico de la provincia”.

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