En las próximas horas, y en medio de las tensiones con la Justicia, el Gobierno presentará un proyecto de ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de seleccionar, evaluar y sancionar a los jueces.
La información fue confirmada a Clarín por fuentes oficiales involucradas en la elaboración de la iniciativa y por sectores de la oposición vinculados al mundo judicial que fueron tanteados por el Gobierno.
La decisión del oficialismo -que podría hacerse efectiva este lunes según fuentes al tanto del proyecto- se da justo cuando la Corte Suprema de Justicia se prepará para declarar la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo que se modificó en 2006 con una Ley que impulsó el kirchnerismo y que tuvo a la entonces senadora Cristina Kirchner como una de sus impulsoras.
Esa Ley de 2006 redujo la Magistratura de 20 a 13 miembros y le dio más poder e influencia a la política.
Cristina Kirchner en el 2006 impulsó una reducción del Consejo de la Magistraura. Foto Presidencia.
El nuevo proyecto contempla aumentar de 13 a 17 los integrantes del organismo lo que les daría más influencia a los jueces, abogados y académicos en detrimento de los diputados y senadores, los representantes de la política que habían sido beneficiados en la reforma de 2006. Así, los jueces que hoy tienen 3 representantes sumarían uno más. Los abogados -que son dos- se irían a cuatro. Y los académicos pasarían a ser dos en lugar de uno.
Los diputados y senadores seguirían siendo tres y se mantendría un solo representante del Poder Ejecutivo.
Aunque desde el oficialismo aseguran que venían trabajando desde hace tiempo con este proyecto, lo cierto es que se aceleró luego de que trascendiera que la Corte preparaba un duro fallo contra la actual conformación del Consejo. En principio, el Gobierno buscaría poner el proyecto en el listado de iniciativas a tratarse en las sesiones extraordinarias.
En el proyecto se involucraron, según fuentes al tanto de la movida, los diferentes sectores del Frente de Todos. Además del ministro de Justicia, Martín Soria, y su segundo Juan Martín Mena; participó la secretaria de Legal y Técnica y mano derecha de Alberto Fernández, Vilma Ibarra. También Juan Manuel Olmos, el jefe de Asesores y hombre vinculado al mundo judicial que responde al Presidente.
Pero la gestión que terminó de destrabar la iniciativa estuvo a cargo de Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Ustarroz es hermano de crianza del ministro del Interior, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, y ocupa un lugar destacado en la mesa judicial kirchnerista. Tiene diálogo directo con Cristina Kirchner y fue quien confirmó que la vicepresidenta iba a respaldar el proyecto.
El presidente Alberto Fernández. Foto Mario Quinteros.
Las idas y vueltas de la vicepresidenta con el organismo que elige y sanciona jueces son notorias. En 2006, cuando planteó achicar la Magistratura, Cristina consideraba que el organismo era “un cuerpo elefantiásico” que debía ser desmantelado para volverlo más ágil. “Son más de 200 funcionarios y con más de ocho o nueve asesores por cada consejero”, cuestionaba la entonces senadora. Ahora avala volver a ampliarlo. La derrota electoral y el fallo de la Corte estarían detrás de su cambio de postura.
Uno de los puntos del proyecto del Gobierno apunta contra la Corte Suprema ya que plantea que la elección del presidente de la Magistratura se decida por los propios integrantes del Consejo, como es hasta hoy, para evitar que el máximo tribunal tome la presidencia.
Martín Soria, Juan Martín Mena y Diego Molea. Foto Federico López Claro.
Según trascendidos judiciales, el fallo que preparaba la corte para declarar la inconstitucionalidad confirmaría que la integración actual del Consejo no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y podría tener por efecto, además, la asunción del presidente de la Corte -cargo que hoy ocupa Horacio Rosatti- como presidente del Consejo.
En el oficialismo no quieren saber nada con que Rosatti se quede con el Consejo. El Gobierno desconfía del juez con el que tiene nula relación.
Algunos sectores de la oposición ya están al tanto de la movida y aseguran que suena “razonable”. El diputado del PRO y consejero de la Magistratura por la oposición Pablo Tonelli incluso había presentado en 2018 un proyecto de ley similar que proponía llevar de 13 a 17 a los integrantes del organismo, la misma cantidad que figura ahora en el proyecto del Gobierno.
“La integración nos parece razonable, hay que equilibrar a los diferentes estamentos que tienen representación en el Consejo y que estaban perjudicados como los abogados, jueces y académicos”, planteó ante Clarín y anticipó que este lunes volverá a presentar en el Congreso su proyecto de ley original.